El modelo neoliberal ha sumido en una profunda crisis a la educación chilena, luego de casi 40 años de municipalización y privatización del sistema educativo, en que el financiamiento vía voucher ha precarizado la realidad de la educación pública y ha enriquecido a las transnacionales y grupos económicos dueños de los Holding educativos que reciben aportes del estado.
Así las cosas, mes a mes se extiende el listado de municipios que dejan de pagar los salarios a las y los trabajadores de la educación, suspendiendo el pago de cotizaciones previsionales a las entidades de salud y fondos de pensiones, incumpliendo con pagos con las cajas de compensación, bancos y casas comerciales e incluso suspendiendo el pago de sueldos líquidos, situación gravísima que vimos en San Fernando hace dos años y hoy presenciamos en Ancud y Til Til.
El gobierno del presidente Boric se ha quedado sin iniciativa para enfrentar la crisis educativa, contemplando desde la burocracia financiera la vulneración de los derechos fundamentales de las y los trabajadores, garantizados en la actual constitución y protegidos por el derecho internacional, pero nada, como un león sin dientes, el gobierno es un observador más, cómplice pasivo de la aguda crisis del sistema neoliberal.
Mientras la agenda educativa es monodireccional respecto de los resultados del SIMCE, prueba estandarizada que lo único que mide es la desigualdad social en la educación, parlamentarios, gobierno y actores gremiales, desvían la atención con cantos de sirenas que desenfocan la vista de los problemas estructurales.
En esta línea, desde el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, presentamos públicamente nuestras exigencias, largamente discutidas con la autoridad ministerial, para iniciar un ciclo de movilizaciones que busquen enfrentar las consecuencias de la actual crisis de la educación de mercado y avanzar a cambios estructurales del sistema educativo nacional.
1.- Exigimos al Presidente Gabriel Boric adelantar la presentación parlamentaria de un Nuevos Sistema de Financiamiento de la Educación Pública, el que debe ser Basal y Estratégico para dar cumplimiento a los Proyectos Educativos de las Escuelas y Liceos Públicos del país.
2.- Dada la situación grave y urgente que golpea a la educación de nuestro país, el Gobierno debe declarar la Educación en Crisis, esto con el objetivo de destinar recursos extras al presupuesto 2024, 2025 y 2026 que vayan directamente a paliar los efectos negativos de la crisis financiera de la educación pública.
3.- Como medida de urgencia, exigimos intervenir los Municipios que no pagan los salarios a trabajadores y trabajadoras de la educación con la figura del Administrador Provisional, para evitar que los recursos que se inyecten a la educación municipal vayan a un saco roto o derechamente a otros fines distintos a la educación.
4.- Inyección de recursos suficientes a los municipios para asegurar el funcionamiento del servicio educativo hasta el Traspaso de la Educación Municipal a los Servicios Locales de Educación Pública.
5.- Persecución penal a los Alcaldes y Alcaldesas (y sostenedores privados) que han robado o desviado fondos de la subvención escolar y que han generado millonarias deudas con las y los trabajadores.
6.- Exigimos a los concejales y concejalas de las comunas en Crisis Educativa, iniciar los procesos de denuncia por notable abandono de deberes a los ediles que han incumplido con garantizar el derecho a la educación, por ser una falta gravísima a sus responsabilidad administrativas y éticas con las familias de cada comuna.
7.- Aumento del presupuesto de Educación 2024 para asegurar la sobrevida de los Servicios Locales de Educación en régimen y permitir la inversión en reposición y conservación de establecimientos educacionales, para paliar la grave crisis de infraestructura que vive la educación pública.
8.- Homologación del financiamiento JUNJI e INTEGRA a los Jardines Vía Transferencia de Fondos – VTF, para enfrentar la más vergonzosas de las crisis de discriminación con los niños y niñas más vulnerables del país.
9.- Ante la crisis de funcionamiento de los Servicios Locales de Educación ya instalados, urge que el Ministerio de Educación de allane a profundizar la reforma a la Ley 21.040, para asegurar su funcionamiento administrativo, democrático y financiero necesario para el cumplimiento de las metas definidas por cada Servicio, el problema no es sólo el proceso de traspaso, también es la tercerización y precarización que se hereda del decadente sistema municipal a los nuevos servicios descentralizados del Estado.
10.- Fiscalización inmediata del uso de la subvención escolar de parte de los sostenedores de la educación particular subvencionada, quienes se han enriquecido en completa impunidad con los recursos destinados a esa área de la educación, vulnerando derechos laborales y explotando el bolsillo de sus apoderados.
11.- Por último, ante la convocatoria a Congreso Nacional de Educación que realiza el MINEDUC, desde las y los trabajadores de la educación exigimos un cronograma claro, que asegure la participación real y vinculante de todas y todos los actores de la educación, con los tiempos y financiamiento que garanticen una participación amplia y democrática. La Educación chilena no soportará una nueva pantomima de participación y cambios, para que luego todo siga en manos de los mercaderes de la educación.
Este es muestro plan de emergencia para enfrentar con firmeza la actual Crisis de la Educación neoliberal y no “pasar la pelota” al próximo gobierno. Estas medidas requieren de voluntad política y capacidad de movilización que nos permitan abrir las expectativas, para que en el mediano plazo, podamos iniciar la Construcción de una Verdadera Educación Pública.
Directorio Nacional
Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación – SNTE Chile
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