lunes, mayo 20, 2024
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Organizaciones exigen al gobierno declarar la Educación en Estado de Catástrofe.

Dada la crisis de la educación en Atacama y otros servicios, dirigentes de distintas organizaciones de la educación pública del país, exigen al gobierno declarar la Educación en Estado de Catástrofe.

Las organizaciones que representan a profesores, asistentes de la educación, madres, padres y apoderados, jardines infantiles y hasta administraciones centrales de los servicios locales y la educación municipal, solicitaron este viernes 3 de noviembre al Presidente de la República Gabriel Boric, declarar la Educación en estado de Catástrofe, lo que permitiría al Estado utilizar el 2% constitucional para enfrentar la actual crisis de la educación pública.

Las y los dirigentes de nueve organizaciones nacionales y locales, que representan a miles de funcionarios y familias de la educación pública del país, se trasladaron hasta el Palacio de la Moneda para solicitar el uso de esta facultad presidencial, que ya se utilizó el año 2020 para enfrentar las consecuencias de la Pandemia y el 2008 para mantener las operaciones del cuestionado TranSantiago.

Según el artículo 32 de la Constitución, donde se encuentran estipuladas las atribuciones especiales del Presidente de la República, señala: «El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse en serio perjuicio para el país», continúa el artículo, «el total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente el de dos por ciento (2%) del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos».

Dada la situación de crisis que golpea a la mayoría de los 11 Servicios Locales de Educación Pública, donde el ejemplo más catastrófico es el SLEP de Atacama, en que peligra el año académico, seguido por el SLEP Colchagua y el SLEP Valparaíso, sumado a la crisis de la educación municipal reflejada en la comuna de Til Til, en que se pretenden cerrar establecimientos educacionales o Ancud, donde el Alcalde se encuentra sancionado de por vida de ser sostenedor educacional y hoy funcionan con un Administrador Provisional (situación en la que se perfilan alrededor de 70 comunas más). Dan cuenta de la verdadera calamidad pública que se proyecta en la educación y la necesidad de utilizar el 2% constitucional, para entre otras cosas, frenar el retroceso pedagógico post pandemia y la deserción de miles de estudiantes del sistema educacional.

Los dirigentes nacionales y de distintas regiones del país llegaron hasta  La Moneda buscando una salida de urgencia a la actual crisis de la educación, que en voz de los mismos dirigentes es una consecuencia de la municipalización de la educación y el actual sistema de financiamiento. “Parte importante de la crisis que se está generando hoy día con los Servicios Locales de Educación tiene que ver con los 40 años de Municipalización, con el desfinanciamiento de la educación pública que se ha generado por más de 30 años con el sistema de voucher, por lo tanto, en la carta estamos pidiendo al Presidente Boric declarar la educación en estado de catástrofe para poder utilizar el 2% constitucional para salir del hoyo en el que estamos este 2023”, declaró el profesor Michael Humaña, Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación – SNTE Chile y Presidente de la Asociación SUTE del SLEP Valparaíso.

El mal diseño de la ley 21.040 y su pésima implementación durante el gobierno de Sebastián Piñera, ha profundizado las desigualdades al interior de los SLEP y golpea a estudiantes como funcionarios de la educación, siendo la DIPRES un obstáculo para la implementación de los Proyectos Educativos de las comunidades escolares. En palabras del dirigente Víctor Venegas, Presidente de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación – ASOTTE, del Servicio Local Gabriela Mistral, “Sin bien hay plata para gastar, al no haber una aprobación de más presupuesto por parte del Ministerio de Hacienda, esta plata no se puede gastar, aunque esté”, lo que ha generado una crisis presupuestaria de la educación pública.  

Y tal cual como ocurría en los Municipios Traspasados, los SLEP mantienen vicios financieros no resueltos por la Ley 21.040, profundizando deudas con las y los trabajadores y dejando la puerta abierta a la corrupción, tal como comenta Marianella Pinilla, Dirigenta de la Asociación de Asistentes de la Educación SITECOVA del SLEP Valparaíso, “específicamente en Valparaíso tenemos graves problemas de infraestructura, bonos que no se han pagado y bienios que tampoco se han pagado… creemos que el 2024 va a ser un caos la educación en Valparaíso”. Situación similar avizoran en San Fernando, quienes luego de sufrir el bullado “caso corrupción”, que mantiene a dos Alcaldes tras la rejas, ha movilizado a su dirigencia para frenar la crisis que ya golpea a la Provincia de Colchagua, “estamos trabajando para que exista un mayor control y una mayor fiscalización… ya venimos de corporaciones municipales con nefastas administraciones y hoy día que nos prometieron una educación digna, de calidad y con buena utilización de los recursos, esto no ha sido así”, comenta Magdalena Valenzuela, Presidenta Asociación de Funcionarios – AFEPUCOL del SLEP Colchagua.

Esta crisis educativa golpea de manera trasversal a SLEP y a la administración municipal, así lo vive Luis Miranda, Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación – FENATREDUC, quién representa a las y los trabajadores de la educación de todo el Archipiélago de Chiloé, “los chilotes no nos queremos traspasar a un sistema de educación tan precarizado como el municipal y que significará una masacre laboral para cientos de funcionarios y funcionarias”. Cabe recordar que en Chiloé han sufrido en carne propia el fracaso de la educación municipal, con una comuna de Ancud que por meses no pudo pagar los sueldos a sus trabajadores y que hoy se encuentra intervenida por un Administrador Provisional, o la comuna de Quellón en que la Alcaldía a puesto en aviso de la falta de liquides para pagar sueldos a docentes y asistentes de la educación, sumándose a la larga lista de municipios con sus departamentos de educación y corporaciones quebrados financieramente.

Finalmente las y los dirigentes se reunieron con el Gabinete de la Subsecretaria Alejandra Arratia y el Director Nacional de la DEP, Jaime Veas en dependencias del MINEDUC, para dar inicio a una Mesa de Trabajo que revisará las principales urgencias de la Nueva Educación Pública y finalizar con las Indicaciones Sustitutivas necesarias para Reformar la Ley 21.040, que se espera sean ingresadas al Senado en el mes de Diciembre por el Ministro de Educación Nicolás Cataldo.  

En la foto: Jaime Veas, Director de la DEP, Dirigentes de las y los Trabajadores de la Educación y equipo de Gabinete de la Subsecretaria de Educación.

Organizaciones que solicitan declarar la Educación en estado de catástrofe.

Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación – SNTE Chile, Federación Nacional de Trabajadores de la Educación – FENATREDUC, Chiloé, Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación – ASOTTE, SLEP Gabriela Mistral, Asociación SITECOVA, SLEP Valparaíso, Asociación de Funcionarios de la Educación Pública – AFEPUCOL, SLEP Colchagua, Agrupación de Madres, Padres y Apoderados del SLEP Valparaíso, Federación de Funcionarios DAEM y DEM de la Región del Bio Bio – FEFUDAEM, Asociación de Jardines Infantiles VTF, SLEP Valparaíso, Asociación de Funcionarias y Funcionarios SUTE, SLEP Valparaíso.

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